Memoria del derrumbe: A sus plantas rendida la justicia

En menos de 10 meses, la gestión del gobernador Jorge Omar Sobisch realizó una serie de acciones que en opinión de los integrantes de la Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad- están dirigidas a controlar el Poder Judicial de la provincia.

En una breve síntesis, se puede citar entre los más importantes:

• Designar a tres vocales en el Tribunal Superior de Justicia bajo un procedimiento discrecional que no garantiza ni la idoneidad ni la transparencia de quien resulta designado.
• Desarticular la Agencia Fiscal de Delitos contra la Administración Pública que investigaba causas de corrupción y de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Entre ellos al propio gobernador Sobisch, el vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Gutiérrez y el ministro de Seguridad Luis Manganaro.
• Designar funcionarios y jueces mediante concursos carentes de toda transparencia o prescindiendo totalmente de los concursos.
• Presentar un proyecto para eliminar la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia (creada a instancias de la Declaración de los Derechos del Niño y los Pactos Internacionales respectivo) para ser reemplazada por un organismo del Poder Ejecutivo, con una conducción electiva.
• Sumariar a funcionarios de la justicia que critican la falta de transparencia y de independencia del poder judicial.
• Iniciar procesos de remoción de otros operadores del Poder Judicial igualmente críticos.

Muchas de estas acciones han sido encabezadas por funcionarios investigados por la Justicia, como Sobisch, Oscar Gutiérrez y el ministro Manganaro. De manera que sus acciones pueden ser consideradas como actos de defensa propia.

Para evitar que este proceso llegue a un punto de no retorno, hacemos público este documento que explica cómo se desarrolla este proceso de colonización del Poder Judicial por parte del gobierno neuquino.

La cúpula

• En diciembre de 2001 tres de los cinco vocales que componen el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén renunciaron para acogerse a los beneficios de la jubilación.
• A los pocos días de conocidas las vacantes, el gobernador Jorge Sobisch envió a la Legislatura tres ternas de candidatos para cubrir esos cargos. Cada terna estaba encabezada por abogados con quienes tenía estrechos vínculos personales y políticos. Uno de ellos era el abogado Horacio Angiorama su abogado personal. Los legisladores de la oposición decidieron no dar quórum en el recinto para tratar las ternas propuestas. La definición se dilató por casi un año.
• En diciembre del 2002 una cámara oculta captó imágenes del gobernador Jorge Sobisch ofreciendo "contraprestaciones" a un legislador opositor (el aliancista Jorge Taylor) a cambio de que dé quórum en la sesión donde se trataría la designación de los nuevos vocales del Tribunal Superior. En una de las filmaciones logradas por Taylor, el propio gobernador le confesó que una mayoría en el Tribunal Superior de Justicia le permitiría "no tener que volver a los Tribunales, como después de terminar el gobierno anterior" aludiendo a las causas que se le iniciaron al final de su primera gestión de gobierno. Esos videos se aportaron como prueba en la causa penal iniciada de oficio en la Agencia Fiscal de Delitos contra la Administración Pública (fiscalía anticorrupción). El caso fue conocido como "el escándalo de las cámaras ocultas".
• En marzo de 2003 el Juez de Instrucción Roberto Abelleira sobreseyó al gobernador Sobisch en la causa de la "cámara oculta" sin haberlo citado a declarar. En ese momento, Abelleira era deudor incobrable del Banco Provincia del Neuquén. Pese a percibir haberes del Estado provincial nunca fue ejecutado para el cobro. Finalmente esa deuda fue transferida al Iadep en el 2001.
• El fallo absolutorio de Sobisch fue confirmado posteriormente por la Cámara Criminal 1 de Neuquén, con el voto de los jueces de cámara Roberto Fernández y Jorge Sommariva y la disidencia de la camarista Cecilia Luzuriaga.
• El escándalo provocado por la causa de la "cámara oculta" hizo fracasar la candidatura de los abogados propuestos por el gobernador. Finalmente, en diciembre del 2002, Sobisch retiró los pliegos. En su reemplazo, elevó tres nuevas ternas a la Legislatura, que devinieron en la designación como jueces del Tribunal Superior de Justicia de los dos camaristas que habían confirmado su sobreseimiento: Roberto Fernández y Jorge Sommariva. El tercer elegido fue Eduardo Badano también camarista.
• Los tres nuevos vocales asumieron en Febrero de 2004, pocos días después de que Jorge Sobisch asumiera su tercer período como gobernador de Neuquén, y el segundo consecutivo. En septiembre del año anterior, había ganado las elecciones provinciales con el 56 por ciento de los votos. El gobernador nombró ministro de Seguridad y Trabajo (responsable de la policía provincial) a Luis Alberto Manganaro, un contador público que hasta entonces se desempeñaba como director del Banco Provincia de Neuquén. Cuando fue designado Ministro, Manganaro estaba siendo investigado por la fiscalía anticorrupción por enriquecimiento ilícito.
• La primera medida adoptada por los nuevos vocales fue designar a Sommariva como presidente del cuerpo, pese a que por antigüedad le correspondía ocupar ese cargo al vocal Arturo González Taboada. Pero Taboada cedió su puesto ante la nueva mayoría.

Desmantelamientos

• En enero de 2004, el nuevo jefe de la Policía, comisario Walter Cofré, desmanteló el Servicio de Investigaciones de Fiscalías sin consulta alguna al Ministerio Fiscal. Este servicio estaba integrado por personal policial con entrenamiento especial útil para la investigación de delitos de corrupción y delitos complejos. Fue creado en el 2001 y trabajó en conjunto con los Fiscales en investigaciones complejas en las que la confidencialidad resulta esencial. Cofré reemplazó a más de la mitad del personal, incluido su Jefe, por agentes sin entrenamiento específico y cuyo grado de confiabilidad era incierto.
• En febrero de 2004 se desmanteló el equipo del Gabinete Técnico Contable del Poder Judicial por decisión del Tribunal Superior de Justicia. Este organismo estaba integrado por profesionales en ciencias económicas que prestaban una colaboración esencial en la investigación de delitos de corrupción y delitos económicos. Los nuevos integrantes carecían de entrenamiento necesario para la tarea.
• La Jefatura de ese Gabinete Técnico Contable la asumió Mirta Di Cicco, ex - esposa de José Oser, gerente general del Banco Provincia del Neuquén durante la presidencia de Luis Manganaro. Oser también estaba siendo investigado por la fiscalía anticorrupción en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
• En mayo del 2004 el TSJ modificó el reglamento de la Comisión Asesora para la designación de magistrados y funcionarios con jerarquía superior a Secretario de Cámara. Esta Comisión fue creada por el Tribunal Superior de Justicia (en su anterior composición) para autolimitar sus atribuciones en materia de designaciones de funcionarios y magistrados. Estaba integrado por miembros del Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y del Poder Judicial. Su función era evaluar los antecedentes de los candidatos a cubrir los cargos vacantes y cada miembro debía votar tres candidatos de su elección. Anteriormente el Tribunal Superior de Justicia debía designar a uno de los tres candidatos que hubieran obtenido mayor cantidad de votos para el cargo que se cubriría. La modificación implementada permitió al Tribunal Superior de Justicia designar a cualquier candidato que se haya postulado, aunque no haya obtenido un sólo voto. Esto le quitó el contenido limitador a la Comisión Asesora. La primera reacción fue la renuncia del Colegio de Abogados de seguir integrando los sucesivos consejos asesores.
• Entre tanto, el nuevo Tribunal Superior de Justicia, fue adoptando una serie de medidas de "disciplinamiento interno". Entre ellas:
  • Ascendió mediante la recategorización a varios funcionarios sin concurso ni fundamentación alguna, en especial en cargos de relatores o secretarios del TSJ y cargos en la Administración General del Poder Judicial.
  • Designó masivamente, sin concurso previo y en forma infundada a numerosos funcionarios, lo que constituyó un comportamiento sin precedentes para este Poder Judicial. Se escudó en razones como por ejemplo: recomendaciones del titular de la dependencia, urgencia de la designación o reapertura de concursos viejos en los que el candidato hubiera participado aún sin haberlos ganado, evitando la sustanciación de nuevos concursos abiertos.
  • Se efectuaron llamados a concurso de numerosos cargos y eventuales vacantes. En los concursos en los que se rinde examen de oposición –para los cargos de Prosecretario, Secretario y Secretario de Cámara- se modificó intempestivamente la integración de las Mesas de Examen.

Contra la Defensoría de la Niñez

• En junio de 2004 el Ministro Manganaro propuso reformar la Ley 2302 de protección integral de la niñez y adolescencia, mediante la cual se busca neutralizar la actuación independiente de la Defensoría del Niño y Adolescente. Esa Defensoría litiga en forma permanente contra el Estado para obligarlo a cumplir con su obligación de respetar las declaraciones y los pactos internacionales que reconocen los derechos de niños y adolescentes. Desde su creación, consiguió –entre otras cosas- que el gobierno creara una escuela especial para autistas y la provisión de agua potable para los niños de una comunidad indígena a la que se le había contaminado sus fuentes de agua por la acción de la petrolera Repsol. Este caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• El vocal del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Fernández, respaldó el proyecto de reforma de la ley 2302. En una declaración pública, el funcionario amenazó a la doctora Nara Osés, Defensora del Niño y Adolescente, con iniciarle un Jury por haber expresado públicamente su oposición a la modificación de la ley.
• En julio del 2004 el TSJ llamó a concurso para cubrir la vacante de Fiscal Titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Esta convocatoria resultó inédita ya que hasta este concurso los llamados se formulaban sin asignación a una Fiscalía específica. Pero por disposición del nuevo TSJ, el nuevo llamado fue para un fiscal de Delitos contra la Administración Pública. Con esa decisión, se aseguró que el fiscal designado estuviera al frente de la Fiscalía en la que tramitaban todas las causas de corrupción que involucraban al actual gobierno.
• En agosto, el ministro Luis Manganaro presentó a la legislatura el proyecto de Reforma de la ley 2302. Allí se propone neutralizar la Defensoría del Niño y el Adolescente del poder judicial, y la creación de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo denominado "Defensor General de la niñez y adolescencia" cuyo titular deberá elegirse en las mismas elecciones que los diputados y que sería el único órgano competente para decidir la realización de acciones colectivas como las reseñadas, que fueron las que más molestaron al gobierno. El proyecto facilita además la posibilidad de privar de libertad a los niños y adolescentes, algo prácticamente vedado (aunque previsto) por la ley 2302. Asimismo condiciona inconstitucionalmente a los jueces de niños y adolescentes mediante la creación de un órgano con mayoría del poder Ejecutivo denominado "equipo interdisciplinario". Los dictámenes técnicos de ese organismo serán vinculantes para que el juez decida la libertad o no de niños y adolescentes tanto por razones tutelares como penales.

Contra la fiscalía

• En esos días, el diario regional Río Negro publicó una información sobre una investigación que realizaba la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Se trataba de una maniobra de desvío de fondos del Banco Provincia de Neuquén. El Banco denunciaba a un ex empleado de la casa. Y el acusado a su vez se presentaba a la justicia como "arrepentido" y declaraba que el responsable de la maniobra era el ex titular del BPN, Luis Manganaro. En su denuncia aseguraba que el dinero perteneciente a una cuenta de la AFIP, se utilizaba para financiar la campaña del partido gobernante, el Movimiento Popular Neuquino.
• Al día siguiente, el ministro Manganaro denunció a los periodistas que efectuaron la publicación y pidió que se revelen las "fuentes de información". Además le pidió al fiscal general Walter Trincheri que se investigue también a los empleados de la fiscalía por la supuesta filtración de los datos que publicó la prensa.
• El vocal del Tribunal Superior de Justicia Roberto Fernández, en declaraciones públicas a una radio neuquina, juzgó a la denuncia como "muy seria" y anticipó que se conformaría una comisión para investigar a los funcionarios de la Fiscalía. El Tribunal inició en forma inmediata un sumario interno.
• En forma paralela, el ministro Manganaro realizó una exposición de su proyecto de reforma de la 2302 en la Legislatura neuquina. Para apoyar su idea de endurecer las penas para los menores, reveló información reservada por expresa disposición de la ley 2302 referida a tres causas de menores, una de las cuales se encontraba desde hacía largo tiempo en el Tribunal Superior de Justicia y otra perteneciente a la jurisdicción de Cutral Có, cuyo fiscal (que opinó a favor de la reforma de la ley 2302 sin ser reprendido por el TSJ) reconoció que le había dado copias del expediente reservado al Ministro Manganaro.
• El TSJ no inició ningún sumario de oficio por este último hecho. La Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública inició una investigación de oficio, pero tanto la Legislatura como el propio TSJ se negaron a proporcionar la información pedida por la fiscalía: la legislatura por no reconocer la competencia de una fiscal adjunta para solicitarla y el Tribunal Superior de Justicia por considerar que no se siguió la vía jerárquica argumentando que el oficio carecía del "estilo" necesario..
• El TSJ solicitó que se le haga un severo llamado de atención a la doctora Cristina Beute, fiscal Adjunta interviniente.
• En agosto del 2004, el presidente del bloque del MPN en la Legislatura, Oscar Gutiérrez (que era investigado en la fiscalía en una causa por enriquecimiento ilícito) interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante el TSJ contra la ley que autoriza la delegación de funciones de los fiscales titulares en los fiscales adjuntos y en virtud de la cuál se solicitaron informes a la legislatura. Dicha ley había sido sancionada con el voto del propio Gutiérrez durante su anterior gestión como diputado provincial.. En su demanda de inconstitucionalidad se reproduce en gran parte un voto emitido anteriormente por los actuales vocales del TSJ Fernández y Sommariva cuando eran jueces de la Cámara Criminal N° 1.
• Ese mismo mes, el TSJ elevó un proyecto de ley proponiendo crear 156 nuevos cargos de funcionarios judiciales. En ese pedido se incluyó además la figura del "Auditor General" que dependería directamente del TSJ y estaría encargado del "control" de todos los organismos judiciales (sumarios). En los hechos, se le otorga al Tribunal otro medio de coerción para con los estamentos inferiores.
• Paralelamente a las recategorizaciones de algunos funcionarios y a la designación masiva de prosecretarios en la mayoría de los organismos judiciales, el TSJ implementó un  régimen de pasantías rentadas (en la que cada pasante cobra 500 pesos), rechazado por los trabajadores del sector, nucleados en el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun), porque en la práctica representa la sustitución de empleos formales por trabajadores flexibles, baratos, precarios, carentes de derechos gremiales y direccionada a mermar la capacidad de lucha de la entidad gremial. La implementación de esta modalidad ataca la "carrera judicial" y en la práctica relega el ingreso por concurso a la administración pública, conforme lo establece el artículo 59 de la Constitución Provincial. Debido a la fuerte oposición de los trabajadores judiciales, el TSJ inició su escalada represiva sancionando al trabajador judicial Héctor Roldán, integrante del Sejun, por haber realizado una asamblea en lugar de trabajo cuando se encontraba vigente una circular interna que limitaba ese derecho. A principios de este año esa circular fue derogada y sancionan a este trabajador en mes de octubre del año en curso, contradiciendo el principio constitucional de "Ley más benigna".
• Otra herramienta utilizada por el máximo órgano de Justicia de Neuquén para resistir las medidas de fuerza fue modificar –en pleno conflicto gremial- el reglamento que rige las tareas de los empleados.
• El diputado radical Marcelo Inaudi presentó a la legislatura un proyecto de ley para que todas las acciones de amparo sean interpuestas ante el Tribunal Superior de Justicia. Inaudi había sido propuesto por el anterior gobernador del Movimiento Popular Neuquino, Felipe Sapag, como "Fiscal Anticorrupción". Su propuesta contó con el inmediato apoyo de la bancada oficialista. Esta iniciativa implicaría dejar en manos de la mayoría automática del TSJ un instrumento idóneo para reclamar al Estado obligaciones incumplidas o abusos manifiestos por parte del gobierno.

15 días

• En septiembre el TSJ reglamentó las investigaciones preliminares iniciada en las Fiscalías estableciendo un plazo exiguo de 15 días (prorrogable en casos excepcionales hasta 60). En la práctica, ello sólo afecta a las causas llevadas adelante por delitos de corrupción y complejos. La consecuencia lógica de esta medida es que la mayoría de las investigaciones naufraguen, ante la evidente imposibilidad de las fiscalías de cumplir con dichos plazos, irrisorios en este tipo de causas
• Se dictó además una disposición transitoria respecto de las causas que se encuentran en trámite en las fiscalías estableciendo el plazo improrrogable de 15 días. Esto afectó las investigaciones en marcha, entre las que se encontraban las iniciadas contra el Ministro de Seguridad Manganaro, el Diputado Gutiérrez, la fundación del Banco Provincia del Neuquén que presidía Manganaro, los créditos dados por un organismo de desarrollo provincial llamado IADEP. Estas causas involucran en algunos casos montos de decenas de millones de pesos.
• En septiembre de 2004, se designó al nuevo Fiscal Titular a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. El cargo recae en Pablo Vignaroli, ex secretario del Juzgado de Instrucción n° 1 cuando este era conducido por el actual vocal del TSJ Eduardo Badano. El designado obtuvo dos votos de la Comisión Asesora, otros tres candidatos obtuvieron más votos que Vignaroli. De mantenerse el anterior sistema de funcionamiento de la Comisión Asesora, Vignaroli ni siquiera hubiera conformado la terna más votada y por lo tanto no podría haber sido elegido.
• El diario Río Negro informó que el designado Fiscal de delitos contra la Administración Pública Pablo Vignaroli, mantenía a Julio del 2004 una deuda de alrededor de 90.000 pesos con categoría de "incobrable" según la calificación del Banco Central. La mitad de esa deuda, era con el Banco Provincia del Neuquén, entidad que la fiscalía venía investigando.
• Días después, el propio Vignaroli informó que esa deuda había sido refinanciada en el mismo mes de Julio en forma concomitante con el llamado a concurso para fiscal en el que fue seleccionado para el cargo por el TSJ.
• Una semana después de asumir, Vignaroli solicitó el traslado de 3 de los 4 fiscales adjuntos y dos empleadas de la fiscalía que encabeza, Miriam Pazos, Cristina Beute, Raúl Caferra, Dora Polanco y María Allen Lloyd, sin alegar para ello razones profesionales sino que había recibido "un trato indiferente" de su parte.
• Estos fiscales eran los que tenían a su cargo las principales investigaciones en curso por casos de corrupción contra funcionarios del actual gobierno provincial. Las más importantes eran:
  • La concesión ilícita de subsidios para desocupados en la ciudad de Centenario que involucraba al intendente y varios funcionarios del MPN.
  • La investigación por supuestos manejos ilícitos en licitaciones en la policía provincial en la que estaban implicados cinco comisarios.
  • El traspaso de "créditos incobrables" del BPN al IADEP (que totalizaban alrededor de $ 56.000.000 en su conjunto) en muchos casos otorgados a conocidos allegados al poder provincial del MPN.
  • La "operatoria crediticia de reconversión frutícola" (conocida como "Chañar 3° etapa") , en que se concedieron millonarios créditos a personas allegadas al poder provincial (por un total aproximado a los U$S 21.000.000).
  • El enriquecimiento ilícito del diputado Oscar Gutiérrez.
  • La "revelación de secretos" del Ministro Luis Manganaro y el Fiscal de Cutral Có Santiago Terán referidos a imputados y víctimas menores de edad en casos graves.
  • El enriquecimiento ilícito de Luis A. Manganaro, que incluía la investigación de una supuesta sociedad "fantasma" utilizada para encubrir la propiedad sobre estancias en la provincia de La Pampa.

Desplazamientos

• Los fiscales mencionados (a los que se sumó el fiscal adjunto Mauricio Zabala que pidió su traslado en solidaridad con los nombrados) y las empleadas fueron finalmente trasladados compulsivamente por el Tribunal Superior de Justicia a distintas fiscalías. El TSJ se arrogó facultades del Fiscal ante dicho cuerpo (el TSJ había delegado tales facultades en el Fiscal del TSJ; en el caso, sin precedentes, el TSJ decidió reasumirlas invocando una situación de emergencia inexistente) y en momentos en que el "pedido" de Vignaroli estaba siendo analizado por ese órgano. Es decir que la nueva conducción hizo uso de un "per saltum" , sin precedentes en la justicia provincial.
• Los fiscales salientes fueron reemplazados por dos funcionarios recién ingresados al Poder Judicial, y que no cuentan con ninguna experiencia en este tipo de investigaciones. Uno de ellos recién recibido de abogado. Mientras este cambio de fiscales se llevaba a cabo, se agotaba el plazo de 15 días dispuesto por el TSJ para elevar o archivar las causas de corrupción.
• El 16 de octubre, el diario oficialista La Mañana del Sur publicó un artículo que informaba que un grupo de funcionarios de la justicia (entre ellos los fiscales Ricardo Mendaña y Alberto Tribug), abogados del foro local y políticos mantenían reuniones con el fin de "detener el avance del MPN" en la provincia y la candidatura de Jorge Sobisch para presidente de la Nación. No citaba ninguna fuente. La nota se presentaba claramente como un rumor. O un invento propio con fines poco claros.
• Pese a la poca seriedad y sin siquiera consultarlos, el 18 de octubre el TSJ dispuso la formación de actuaciones administrativas contra Tribug y Mendaña para investigar los rumores publicados en el diario.
• El 19, el presidente del TSJ Jorge Sommariva se presentó a la Legislatura para promover su proyecto de ley de creación de organismos y cargos judiciales. Sin que nadie lo consulte, manifestó que una experiencia piloto implementada entre las Fiscalías y el Juzgado de Instrucción Nº 2 era ilegal.
• El 21 la Legislatura Provincial sancionó la ley 2475 que, conforme el proyecto presentado por el TSJ, crea la Auditoría General del Poder Judicial y numerosos organismos judiciales.

Remoción

• Ese mismo día, el vicepresidente de la Legislatura, el investigado Oscar Gutiérrez manifestó públicamente su intención de promover juicio político al Fiscal ante el TSJ Alberto Tribug y jury de enjuiciamiento al Fiscal de Cámara Ricardo Mendaña. En relación a Tribug le criticó sus declaraciones públicas realizadas el día en que se dispuso la limitación del plazo de las investigaciones de las fiscalías (Había dicho: "asistimos a las exequias del sistema de investigación fiscal"). Y a Mendaña le reprochaba haber cuestionado la falta de transparencia del sistema de designación de funcionarios y magistrados sosteniendo que no garantizaba la independencia del Poder Judicial.
• El 9 de noviembre, Gutiérrez presentó pedido de juicio político de Tribug y de enjuiciamiento de Mendaña, fundado en la intervención que les atribuye en la implementación de una experiencia piloto de investigación a cargo de Fiscalías establecida para el Juzgado de Instrucción Nº 2 por acordada 3594/02 del TSJ en su anterior composición.
• El 19 de noviembre, Gutiérrez señaló que las acusaciones contra Mendaña y Tribug son "una cuestión personal". Y advirtió que deben ser denunciados todos los que participaron en la experiencia piloto, involucrando a gran parte de los organismos del fuero penal de la ciudad de Neuquén.