El caracter Politico del Consejo de la Magistratura

El período democrático que comenzó en 1983 fue el inicio de una serie de reformas institucionales que tenían como fin último fortalecer instituciones democráticas, incorporar los pactos internacionales de derechos humanos y permitir procesos democráticos estables necesarios para el desarrollo económico y político.
El Consejo de la Magistratura se incorporó a la Constitución nacional con la reforma de 1994 y tenía como justificación de máxima recuperar la legitimidad perdida del Poder Judicial luego de la última dictadura militar y el rol que muchos magistrados tuvieron en legitimar el golpe de Estado y en encubrir todo tipo de ilegalidades llevadas adelante por las Fuerzas Armadas en el poder.
Todas estas reformas se dieron en procesos históricos determinados mediante fuertes disputas de poder político que llevaron a intensos debates donde se impusieron las mayorías políticas partidarias del momento.
El Consejo de la Magistratura de Neuquén fue incorporado en la reforma constitucional del 2006 y surgió de un acuerdo político entre el MPN y el radicalismo. Según las palabras del constituyente Hugo Prieto, por aquel momento representante de la Unión Cívica Radical, tenía "un objetivo: por una parte, democratizar el sistema político; por otra parte, crear un organismo participativo para la designación de los jueces, lo que contribuye a un mejor control y lo que hace o puede hacer un sistema más eficiente en su conjunto". (Hugo Prieto, CCR 42006 )
Su integración quedó formada por dos abogados de la matrícula elegidos entre sus pares, un miembro del Tribunal Superior de Justicia y cuatro representantes de la Legislatura que no sean diputados, designados a propuesta de los bloques según la proporcionalidad de la representación en dicho cuerpo.
Así justificaba el convencional constituyente Hugo Prieto la mayoritaria participación de los representantes de la política en el Consejo. "Se trata de reivindicar el rol que tiene el Poder Judicial en general -y el Tribunal Superior de Justicia en particular-, que es fundamentalmente político porque -y vamos a señalar el porqué del diseño que hemos imaginado para el Consejo de la Magistratura del Neuquén, que tiene directa vinculación con esta circunstancia- porque en la Argentina y en Neuquén en particular los jueces tienen poder político". (Ib ídem)
Con respecto a la participación de los abogados y del Poder Judicial, justificaba que son aquellos que contribuyen a tomar las decisiones correctas porque "tienen un conocimiento personalizado, individualizado y particularmente relevante respecto de aquellos que son sus propios colegas de un lado o del otro del estrado del tribunal, los que conocen -como decía- a los posibles candidatos a jueces".
Esto es, el Consejo de la Magistratura de Neuquén nace con una matriz de excesiva politización a la que se le suma la curiosa circunstancia de la aplastante presencia decisoria de la Legislatura, en cuanto por un lado cuenta con cuatro representantes, lo que hace mayoría en el Consejo, y por otro ejercita por segunda vez su poder de decisión a través del acuerdo necesario para la designación del elegido por el Consejo.
En palabras del Dr. Zaffaroni, el Consejo de Neuquén se inscribe dentro del sistema tecnoburocrático, de cooptación mixta. Los políticos y los abogados "que saben y conocen".
La selección de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial define de alguna manera el perfil del Poder Judicial que se tiene y que se pretende. Como hemos visto, la elección es política, porque es política la formación del Consejo, porque es política la designación final en la Legislatura y porque es política la elección de los abogados -seis listas hubo en las últimas elecciones del Colegio de Abogados-.
Ahora bien, los políticos que conforman mayoritariamente el Consejo están adeudando a la ciudadanía la discusión pública de qué Poder Judicial se pretende en función de nuestra realidad social. A cambio, entre gallos y media noche y a último momento se disputan dentro de los propios partidos quién es el "amigo/a, familiar o militante" que irá a cubrir un cargo por demás cómodo, excesivamente bien remunerado y lleno de privilegios que asegure pelear el poder en la cancha chica.
La falta de vocación y grandeza para la discusión pública y política sobre qué Poder Judicial se pretende o se necesita para una realidad social plagada de tensiones trae aparejada la falta de credibilidad hacia el Consejo, que se ha convertido en el árbitro de la carrera de ascensos dentro de la administración judicial, y por ende la falta de credibilidad social de un Poder Judicial cuestionado y cuestionable.
Silvia Couyoupetrou
Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad
Columna de opinion publicada en el Diario Rio Negro

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