Contra la Tortura: Mecanismos para su Prevención

Un breve repaso de las jornadas de trabajo en las que participaron exponentes de nuestro país y de Latinoamérica.

El 23 y el 25 de noviembre en la ciudad de Neuquén se realizaron las Conferencias Contra La Tortura: Mecanismos de prevención en Argentina y Neuquén. Las actividades se centraron en una conferencia en la sede del Museo Nacional de Bellas Artes, y en un Encuentro Nacional de Organizaciones para la Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en Argentina. Estas iniciativas contaron con el auspicio de la Unión Europea y de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

Quienes participaron fueron el español Emilio Gines, Miembro del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura; Claudia Cesaroni, Directora Adjunta de la Oficina de APT para América Latina; Sylvia Dias, Delegada de APT en Brasil; Santiago Nabaes, referente de la Asociación Zainuco de Neuquén, y Raúl Caferra del Centro de Estudios por los Derechos Humanos (CEDH) de Neuquén.

El tema central fue la aplicación en nuestro país de mecanismos que tiendan a prevenir la aplicación de cualquier tipo de tortura a aquellas personas que están en situación de encierro.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo primero define la tortura como: "todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia" .

La mayoría de los Estados que ratificaron el Protocolo aún no han sancionado ley ni creado organismo a nivel nacional que tienda a prevenir la tortura. Sea por desidia, o por omisión, los países poco han hecho para revertir la violación de los derechos humanos de las personas en situación de encierro.

Según Claudia Cesaroni, y en esto coincide el español Emilio Gines, son las organizaciones de la sociedad civil quienes deben presionar para que aparezcan los mecanismos que eviten la aplicación de la tortura. "Sin ustedes, nosotros no podemos", dijo Gines.

Afirmó que no se puede dejar a los gobiernos que decidan cuándo es oportuno sancionar una ley o crear una dependencia gubernamental. La tortura -mental o física-  se lleva adelante a toda hora y en cualquier país.

Dos variables son fundamentales: por un lado la prevención como única posibilidad de adelantarse a los hechos y evitar que se den las condiciones propicias para que se someta a una persona a algún tipo de tortura, y por el otro la visita in situ, es decir que quienes deban actuar en la prevención vayan a los países y visiten sin restricción alguna las instalaciones (cárceles, comisarías, dependencias militares, etc.). 

En temas sociales siempre se habla de tomar como ejemplo las experiencias de otros países u organizaciones. Y esa fue la parte que le tocó a la Delegada de APT en Brasil Sylvia Dias, quien explicó cómo hizo su país para aplicar las recomendaciones del Protocolo. Ante la ausencia y tardanza en la sanción de una ley a nivel nacional, los Estados que componen la Federación decidieron avanzar en este tema.

Uno de los casos es el de Río de Janeiro que en junio de este año promulgó la ley 5778 que crea los mecanismos para prevenir y combatir la tortura en virtud del Protocolo Facultativo. "Cada Estado -dijo Dias- crea normativamente su propio mecanismo de prevención en conjunto con otras organizaciones existentes e integrándolas".

La Tortura en Neuquén

Santiago Nabaes, referente de la Asociación Zainuco, explicó las dificultades que tienen para poder acceder a las cárceles y comisarías de la provincia del Neuquén. Recordó el reciente juicio que se le llevó adelante a 27 policías que fueron acusados de torturar a 45 internos de la Unidad de Detención Provincial Nº11 (U11). En su fallo, la Cámara Criminal Segunda de Neuquén condenó a solo seis de ellos a penas de tres y cuatro años de prisión. Los camaristas desecharon el delito de torturas y condenaron a seis de ellos por "severidades y vejaciones calificadas".

Raúl Caferra del CEDH, expresó que junto a Zainuco y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) presentaron en noviembre del año pasado un proyecto de ley que propone la creación en la provincia de un Comité Provincial Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicho ente sería de carácter autárquico compuesto por diez integrantes, que designará el Poder Legislativo, a propuesta de organizaciones de Derechos Humanos, Instituciones Académicas independientes, y organizaciones sociales involucradas en la lucha contra la tortura.

Entre las funciones del organismo figura la de realizar visitas de inspección a los lugares de detención o encierro, sin aviso previo, con acceso irrestricto a todo espacio e instalaciones, recepcionar denuncias por violaciones a la integridad psico-física de las personas privadas de su libertad, y elaborar un informe público anual al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Legislativo y al Poder Judicial respecto de las tareas y actividades realizadas durante el año, acerca de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, y la evolución de la realidad carcelaria.

Encuentro Nacional de Organizaciones para la Implementación del Protocolo Facultativo

El jueves 25, en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue, se reunieron representantes de organizaciones civiles de las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Neuquén, y Corrientes. También estuvieron presentes miembros de oficinas gubernamentales de provincias donde se están impulsando la creación de Comités contra la Tortura, como Santiago del Estero.

El caso de la provincia del Chaco, ausente en la reunión, fue el disparador del debate sobre la participación o no del Estado en estos Comités. El impulso que se le viene dando desde APT y desde el Comité Especial de Naciones Unidas es precisamente que se conformen con organizaciones de la sociedad civil para control del Estado.

Al final de la Jornada se firmó un documento que se presentará ante Eduardo Fellner (FPV), Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se encuentra el proyecto de ley Nacional de Comité contra la Tortura.