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Pregunta y respuesta, Salgado explica los aspectos de esta normativa internacional en el orden jurídico provincial. También sienta posición en los reclamos de estancieros ante el TSJ por la propiedad de la tierra y los conflictos con las comunidades.

-¿Qué implicancias tiene el reconocimiento del convenio 169?

El convenio 169 dice claramente que en los casos que la legislación estatal dice que el Estado es propietario del subsuelo, primero tiene que consultar. Segundo, que el proceso de consulta incluye una evaluación de impacto ambiental y cultural hecha en forma conjunta, no impuesta por el Estado".

La corte interamericana hizo un fallo a fin de 2007, que lo amplió en 2008, referido a la comunidad Saramacca, de Suriname, en donde definió las pautas del estudio de impacto ambiental, que tiene que ser compartido, que tiene que se aceptable internacionalmente y no como los estudios de la provincia, donde se contrata a una empresa amiga, que corta y pega y dice lo que el gobierno quiere escuchar.

-¿Debería regir para Latinoamérica?

La Corte Suprema dice que la la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el pacto de San José de Costa Rica, debe guiarse por lo que dice la Corte Interamericana.

-Hay mucha resistencia en la provincia el derecho internacional.

-No es que se resiste, directamente hacen como si no existiera. Hay un prevaricato generalizado. Uno trae fallos del Comité de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, de tratados internacionales y nada. Después el juez dice que no es aplicable por tal artículo del Código Procesal. Está todo dado vuelta: lo que saben es el Código Procesal y el derecho internacional lo niegan todo. Por eso el fallo del Tribunal es una mosca blanca.

-¿Qué opina de la presentación que hicieron los estancieros al TSJ?

Este es un movimiento colateral de una política oficial de impedir la investigación en el tema de tierras. Hay una ley nacional que obliga a hacer un relevamiento y estudiar títulos históricos, pero el gobierno provincial la bombardea porque no quiere que esta investigación se realice.

El movimiento de los estancieros es colateral porque es parte de esta política. Son los mismos sectores, es lo que ha movilizado al gobierno. Porque después de todo, no me digan que Nuno Sapag no habla con el hermano (el gobernador Jorge Sapag). Lo que quieren, por todos los medios, es que no avance el relevamiento de tierras.

¿No promovía el gobierno este relevamiento?

El ministerio de Gobierno sacó una resolución donde se conformaba la comisión para el relevamiento, pero nunca se inició. Y cuando se quiso poner en marcha, Tobares (Jorge, ministro de Gobierno) exigió que la provincia fuera la que lo condujera. Y le dijimos que no, porque es como si le dieran la investigación de los derechos humanos a los militares. Porque el que ha sido responsable del saqueo, de la entrega de tierras y de desparramar los títulos entre los amigos, ha sido el gobierno. Está bien que participe, porque tiene los mecanismos y si se tiene voluntad de solucionar el tema. Pero tampoco que los responsables de las violaciones tengan a cargo el proceso.

Sapag terminó desconociendo el relevamiento y dijo que iniciaría uno propio...

¿El gobernador Sapag cumple las leyes nacionales que se le ocurren? El que va a valer es el que se va a hacer a nivel nacional, y es el que vamos a hacer valer en los tribunales, aquí, en la Corte y donde sea, porque es el que se ha hecho con participación indígena. El gobernador Sapag no puede hacer un relevamiento sobre tierras indígenas sin participación indígena. Es lo que le acaba de decir el Tribunal. Lo dice el artículo 6 del convenio 169: "todas las cuestiones que afecten a los pueblos indígenas tienen que hacerse con su participación". Lo dice además la Constitución Nacional, cuando le asegura la participación en sus recursos y en todos los intereses que los afecten.

Se adjunta el audio completo de la charla.