Responder al comentario

NOTA: EN LA FOTO, EL EX GOBERNADOR SOBISCH, JUNTO A BROLLO Y BADANO EN LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN. (DIARIO RÍO NEGRO)

En el pedido de juicio político que Convocatoria Neuquina presentó contra los doctores Eduardo Badano, Luis Felipe Cia, Roberto Fernández, Ricardo Kohon y Jorge Sommariva se incluyó, como causal, la construcción del complejo judicial en desmedro de un proyecto anterior, más eficiente y económico; una decisión que dilapidó los ahorros de la Justicia y por la que se perdió tiempo y dinero.

El TSJ, en su integración anterior a la de los denunciados, había proyectado un edificio de tribunales que albergara la totalidad de los sectores que integran el Poder Judicial en Neuquén Capital. Ahorrando en servicios, traslados y alquileres, se estimaba obtener 1.200.000 pesos-dólares anuales, suma que serviría para cubrir en poco tiempo el crédito que completaría los fondos necesarios para la obra, presupuestada en 40.000.000 de pesos-dólares. Cabe aclarar que por aquellos años, el Poder Judicial contaba con 25.000.000 en caja, producto del ahorro y de una administración ordenada.

En forma transparente y seria, se llamó a licitación nacional para el desarrollo del proyecto, que demandó 500.000 pesos. Lo ganó la empresa Bischof-Egozcue-Vidal, de amplia trayectoria. Se cubrieron todos los aspectos que podrían, a futuro incrementar costos, se tomaron todas las previsiones, se contrataron organismos de control y supervisión, se realizaron pruebas sobre maquetas en túneles de viento. Esa etapa también tuvo un costo, necesario porque terminó de cerrar un proyecto modelo, de 300.000 pesos, mientras se pedía autorización a la Legislatura para tomar, en el marco de la ley de autarquía, un crédito para cubrir cerca de 15 millones de pesos-dólares que faltaban. Los legisladores del sobischismo nunca lo aprobaron y, en paralelo, el ministerio de Obras Públicas insistía en tomar el proyecto, canalizarlo a través del Ejecutivo, algo que los vocales de aquel entonces buscaban evitar.

"Ciudad bajo sospecha", fue el título del períodico 8300 de marzo de 2006.  "A pesar de que ya se contaba con un proyecto ejecutivo terminado, por el que se pagaron 300.000 pesos-dolares, el nuevo Tribunal decidió comenzar de cero" fue el anuncio. El proyecto había sido desechado a favor de uno nuevo, por el que el Ministerio de Obras Públicas, habiendo logrado inmiscuirse, había pagado 1.500.000 pesos.

¿Qué se descartó? Un edificio que albergaría la totalidad de los sectores del Poder Judicial en esta Capital, dotado de una enorme proyección para futuras ampliaciones, y una extraordinaria flexibilidad interna, por el que se habían pagado 800.000 pesos (ya no dólares, o al revés, ya que había cambiado la paridad). El argumento oficial fue que el proyecto original planteaba un edifico "faraónico", un planteo que desbarrancó apenas se conoció el nuevo plan: sólo para una primera etapa, se presupuestaron 116.000.000 pesos por 24.660 m2 (de un total de 39.000 m2 que tendrá la obra terminada). Es decir, se pagarían $ 4.703 por m2. El precio del m2 de construcción de primera, del "faraónico" edificio, oscilaba entre los $ 1.800 y 2.000.

Convocatoria argumentó que la operación por la que se desechó el primer proyecto era un argumento más que suficiente para enjuiciar a Badano, Kohon, Cía, Sonmariva y Fernández por "un accionar arbitrario, lesivo, carente de fundamentos". "No solo puso sobradamente en evidencia el mal desempeño de la función, sino que además tornan incomprensible, por irrazonable, semejante daño respecto de los fondos públicos, cuya administración racional, austera, moderada, es obligación permanente de quienes los tienen a su cargo", se remarcó en las fundamentaciones del pedido de juicio político.