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Las críticas no tienen como único objetivo agraviar y  destruir,  sino que las cosas mejoren.

Quienes no cuestionan, o bien comparten el todo, o bien son obsecuentes. Quienes no aceptan las críticas son necios.

Los análisis prematuros pueden resultar injustos; permitir que se consoliden espacios y prácticas, también.

Las reformas deben servir para modificar aun en mínimas porciones lo establecido por algo superador.

En el caso de la reforma procesal penal, ésta debiera contribuir a establecer marcos sociales y culturales acerca de qué hacer con los conflictos (algunos de ellos) y la violencia.

El Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional de sugerir o enviar un proyecto de modificación legal. Y los ciudadanos, la facultad de leerlo como señal, como referencia, y desde ya de cuestionarlo.

Poner en riesgo la paz social, como vara para medir prisiones preventivas, es conceptualmente una idea difusa, que puede interpretarse de variadas maneras.

La discusión dicotómica acerca de jueces y funcionarios severos por un lado y garantistas por el otro, no debe funcionar como clivaje para un análisis estructural. Sí, posiblemente, como discurso en un marco  ideológico.

Las decisiones que definirán la intervención en hechos referidos a violencia institucional y  hechos referidos a lo que comúnmente llamamos corrupción irán delineando las respuestas del Estado frente al propio Estado. Y este análisis debe hacerse sin ingenuidad.

Las respuestas del Estado acerca de qué y cómo se persigue; acerca de quiénes serán víctimas, su protección y contención, irán proyectando y definiendo, el imaginario social acerca de delitos y reproches y configurando también niveles de violencia no admitidos. Este análisis jamás puede ser neutro.

Quienes intervenimos en el proceso penal, en el carácter que sea, debemos ser críticos de las situaciones que no compartimos, podemos objetar funcionalmente el sistema y tal vez tengamos la obligación de hacerlo. Esto contribuirá, tal vez, a mejorarlo. Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo admisible y lo que no, debe ser fruto de decisiones lo más plurales posibles.

Las complicidades pueden generarse por acción u omisión. La discusión crítica es positiva y sana. Debemos reivindicarla.

Debe necesariamente contarse con información de calidad, y esta información estar disponible para poder hacer evaluaciones profundas acerca de lo que funciona bien y funciona mal.

Las decisiones de política criminal y persecución penal son de tal importancia que necesitan consecuentemente, importantes estándares de discusión y consenso.

Definitivamente el lugar donde se encuentra el nuevo edificio del Poder Judicial es desde lo material y lo simbólico brutalmente claro. La batalla acerca de la descentralización barrial en unidades cercanas a los diversos focos de conflicto, por ahora, se perdió.

La futura reforma procesal civil neuquina, debe tomar como insumo obligado toda la experiencia de la reforma procesal penal. Tal vez en esa instancia, la descentralización como lógica estructural, entre otras, sea una realidad. Muchos parcializan porciones de realidad entre civil y penal; en la vida nuestra de cada día, lo que existe son: conflictos que se gestionan o no, con más o menos referencias culturales, más o menos acuerdos, más o menos violencia.

Debe existir un espacio dentro y fuera del Poder Judicial para discutir estas y otras cuestiones. Ni democracia de papel ni democracia de ocasión. 

Quienes trabajan, trabajaron y formaron parte desde hace tiempo de la reforma procesal penal no deben ceder espacios de crítica y construcción. Esto es poder, puro y duro. Nada menos que la manera de administrar e imponer, en principio legal y legítimamente, violencia. Y sobre quienes recaerá.

Como dijéramos alguna vez, ni ingenuos ni neutrales. Como decimos siempre por un mundo mejor y mas justo.

MARCELO MEDRANO.

publicado en fuera del expediente