Responder al comentario

El Poder Ejecutivo acaba de anunciar la nominación de Evaldo Dario Moya, como Juez del Tribunal Superior de Justicia, y al Ricardo Horacio Cancela, como Defensor del mismo Tribunal,  con la intención de que la actual Legislatura Provincial les dé el acuerdo legislativo. 

La primera de las nominaciones busca poner a un funcionario “todo terreno”, que viene de los pliegues más cercanos del poder político, sin los mínimos antecedentes profesionales o académicos como para ocupar un cargo que requiere una alta calificación profesional, académica y moral, debiendo bucearse por sus méritos en los vínculos y compromisos con este Gobierno y con  el de Jorge Sobisch.

La segunda, es idéntica en sus vínculos con el Poder político, pues ha sido el abogado defensor de todos los funcionarios de la gestión Sobisch  imputados en casos de corrupción y es el actual defensor del propio ex gobernador en las causas que actualmente se le siguen. Su nominación, obviamente, no responde a un reconocimiento de su capacidad técnica, sino a los buenos servicios prestados a una gestión política que borró todo atisbo de independencia judicial y que colonizó el Poder Judicial para que Sobisch y sus funcionarios no tuvieran que “andar desfilando por los Tribunales”.

Estas nominaciones, por tanto, representan una muy mala señal para la Ciudadanía, que ha esperado 4 años para que se sumaran nuevas acciones positivas a aquella que marcó el inicio de este Gobierno, cuando Jorge Sapag tomó la decisión de someter a Juicio político a los jueces del Tribunal Superior Roberto Fernandez, Jorge Sommariva y Eduardo Badano. Lamentablemente no se produjeron y la actual iniciativa retoma el camino que delineó el ex –gobernador Sobisch.

Sumado a esto, la pretensión de lograr que un acuerdo de tanta trascendencia social, como lo es la nominación de un nuevo vocal del TSJ y un defensor del mimso cuerpo, se trate con urgencia,  revela que no se quiere la participación de la  ciudadanía y que la “autolimitación” es sólo retórica y vacía.

Cuando se reconoce públicamente que se ha encontrado la “ecuación” para estas nominaciones, se está aludiendo aun claro acuerdo político que no se hace público, y de este modo se le resta transparencia a un acto que por su trascendencia republicana, debería ser de los más trasnparentes de cualquier gestión de gobierno.

Lamentablemente estas demoradas nominaciones sólo SON MAS DE LOS MISMO.

Sin independencia, no hay justicia.

Sin justicia no existe democracia ni estado de derecho.