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Lun, 06/20/2011 - 11:58

Cámara Criminal y defensorías penales: las preguntas que le formularon los consejeros a los postulantes en las entrevistas

Esta es la última etapa concursal, cuya máxima calificación es de veinte puntos.

El martes 14 y el miércoles 15 de junio los integrantes del Consejo de la Magistratura de Neuquén entrevistaron a los postulantes para cubrir dos cargos de defensor oficial penal y uno de juez de Cámara Criminal, todos de la Primera Circunscripción Judicial.

Quienes están en carrera para ocupar las vacantes en las defensorías Nº4 y Nº6 son: Héctor Caferra, Leandro Seisdedos, Mirta Ojeda, Fernando Valsecchi, Celia Delgado, Julián Berger y Verónica Zingoni. Concursan para la Cámara Segunda: Florencia Martini, Alejandro Cabral, Gladys Folone y Gloria Lucero.

Defensorías penales

A los postulantes a defensores el presidente del cuerpo, Oscar Massei (Tribunal Superior de Justicia), les pidió que se refirieran al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Domínguez Alcides -derecho a una defensa técnica eficaz- y al principio de igualdad de armas. Las preguntas del consejero Pedro Quarta (abogados de la provincia) apuntaron a conocer la opinión de los concursantes acerca de la prisión preventiva, el juicio por jurados, el uso de la Cámara Gesell para la obtención de prueba y la influencia de la prensa en las decisiones judiciales; mientras que el cuestionario planteado por su par Roberto Rodríguez Bello (abogados de la provincia), versó sobre la relación entre cliente-defensor durante y después del proceso, los debates acerca de la baja de edad de punibilidad penal y el efecto "preventivo" del aumento de la pena, y la definición de la llamada “inseguridad”. A los funcionarios, Quarta les consultó si tenían el trabajo al día.

Caferra, Seisdedos y Zingoni, quienes se desempañan en defensorías, debieron responder acerca de su actual labor (por ejemplo: las visitas a las personas detenidas, el vínculo con la policía, la imposibilidad de que sigan asistiendo a los imputados en los juicios criminales). A Seisdedos, además, el consejero Hugo Acuña (bloque Movimiento Popular Neuquino) le preguntó cómo era su relación con Florencia Martini, compañera en la defensoría y aspirante a cubrir la vacante de camarista.

Acuña los interrogó haciendo hincapié en las motivaciones que los llevaban a concursar y en el conocimiento que tenían de la estructura orgánico-funcional de las defensorías. También quiso saber qué opinaban los postulantes de la policía de la provincia, pregunta que después recogieron otros consejeros. Juan Ousset, representante del bloque Movimiento Popular Neuquino, los consultó sobre el rol social que tenía la defensoría, cuáles eran los principios éticos que regían la tarea, cómo complementaban el trabajo con la capacitación, si estaban de acuerdo con que los jueces estuvieran exentos de pagar el impuesto a las ganancias, y si existía una diferencia entre la calidad de la defensa pública y la particular.

El consejero Pablo Szeinkierman (bloque Unión Cívica Radical) les preguntó qué harían en el supuesto de que una causa les provocara un fuerte rechazo y sintieran que no pueden ejercer la defensa del imputado, cuál era la visión de la realidad social que tenían y cómo la vinculaban al aumento del delito, y si el Poder Judicial contaba con los recursos económicos necesarios. La consejera Belén De Los Santos (bloque Partido Justicialista) les solicitó que enunciaran las cualidades y fortalezas que debía reunir un defensor.

Cámara criminal

En cuanto a las entrevistas a los cuatro postulantes a juez de Cámara, Massei les formuló prácticamente el mismo cuestionario a todos: si el TSJ aplicaba la doctrina Casal (doble conforme), si estaban de acuerdo con que el Ministerio Público Fiscal recurra fallos de Cámara, y si la cantidad de personal, que tiene la Cámara Segunda, es suficiente. Les planteó que harían en caso de que ni la defensa ni el fiscal ofrecieran prueba, y si sancionarían a alguna de las partes por ello. Quiso conocer qué pensaban respecto de la mediación penal.

Rodríguez Bello les pidió a los concursantes una reflexión acerca del diálogo que, indicó, debe tener el Poder Judicial con el resto de los poderes por temas de interés público, los consultó acerca de cómo compatibilizarían la labor profesional y la capacitación, y requirió que opinaran sobre el juicio por jurados. Asimismo, retomó otras preguntas que ya les había realizado a los aspirantes a defensores, como la relativa a la definición de inseguridad, la posición respecto de la baja de la edad de punibilidad penal, y el efecto “preventivo” de la pena.

Szeinkierman les solicitó que precisaran el concepto de independencia, que opinaran sobre el funcionamiento del Poder Judicial y los recursos de los que éste dispone, y que describieran la actual situación socio-económica de la provincia. También les consultó si un profesional del derecho que contara con una activa vida político-partidaria antes de presentarse en el Consejo puede concursar.

De Los Santos les preguntó a los concursantes si consideraban importante la deliberación con los otros miembros de la Cámara, cuáles eran las fortalezas que debía reunir un juez, si estimaban que la Justicia estaba alejada de la sociedad, y cuán relevante era la imparcialidad para un magistrado.

Quarta, al igual que con los postulantes a las defensorías, quiso saber si los jueces y funcionarios que concursaban para la Cámara (los cuatro se desempeñan en el Poder Judicial de Neuquén) tenían el trabajo al día. En el caso de Folone indagó sobre la cantidad de causas que ingresaban al juzgado que tiene a su cargo, y en el de Martini si iba a los lugares de detención en su rol de defensora. Les pidió opinión acerca de la prisión preventiva, la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, y la relación entre la justicia y los medios de comunicación. El consejero le preguntó a Lucero si emitiría una resolución que contradiga la jurisprudencia del TSJ.

Ousset los consultó, en general, acerca de cómo debe ser la relación entre los jueces y la prensa, si la presión popular influye a la hora de dictar sentencia, cuál es la visión que tiene la ciudadanía del Poder Judicial, y nuevamente, si los magistrados deben estar exentos de pagar el impuesto a las ganancias.

A Cabral, en particular, le preguntó sobre cuáles eran las idoneidades exigibles para alguien que se postula, considerando que ni bien asumió la nueva composición del Consejo en febrero pasado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios –de la que él forma parte- aseguró que sería cada vez más difícil que se presenten a los concursos las personas más idóneas ya que están expuestas "a la decisión discrecional de consejeros que carecen de condiciones para juzgarlos". En la misma tónica Folone debió contestar si estaba de acuerdo con la evaluación a magistrados, función que el Consejo no puede cumplir debido a una disposición judicial. A Lucero la interpeló sobre su posición respecto del aborto. Respondió que en determinadas circunstancias podía ser viable. Acuña se sumó y planteó si no se trataba de un homicidio prenatal.

Justamente este consejero fue el que más varió su interrogatorio en relación a los postulantes. A Martini le preguntó sobre el delito previsto en el artículo 194 del Código Penal (cortes de ruta), y respecto del concepto de persona y de niño. Le pidió que opinara acerca de la despenalización de la tenencia para consumo e indagó si en el caso de acceder al cargo recibiría a los defensores particulares o públicos en su oficina. Acuña le señaló a la postulante, cuando ésta contestaba la pregunta sobre la despenalización, que intentaba “auscultar su pensamiento”. Martini aludió al carácter “inquisitorio” del cuestionario.

A su turno, Cabral debió contestar cuál consideraba que era el mayor temor de una persona que entraba en contacto con el delito, si había leído un libro cuyo autor era el juez de instrucción, Alfredo Elosu Larumbe, si estaba de acuerdo con que los fiscales fuesen elegidos cada cuatro años junto con el resto de las autoridades, y qué pensaba de las listas colectoras.

A Folone le preguntó si el Código Penal cumple con los requerimientos de la sociedad y le pidió que se refiriera al funcionamiento de las unidades de detención. En tanto que a Lucero la consultó sobre sus motivaciones para concursar, la organización de un día de trabajo, y su opinión acerca de la prensa escrita de la región, especialmente si era objetiva.

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