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Sáb, 03/14/2009 - 15:50

Proponemos una institución ágil, austera y eficiente

Al abrir las sesiones ordinarias
para este año, el gobernador Jorge Sapag a la crisis y el presupuesto anual de
recursos y gastos. Exigió solidaridad en el manejo de los recursos –de todos
los neuquinos, expresó- y refirió el rojo de la tesorería (sic). Al gobernador
se le escapó un órgano en esa búsqueda por distribuir la crisis, ya que frente
a la austeridad que proclama y que profundiza la sangría de los sistemas de
salud y educación pública, no objetó un presupuesto para el Consejo de la Magistratura que se
aumentó en un 27% respecto del año pasado. Consejo de la Magistratura
que cuenta con una planta de personal permanente y temporario de 39 personas.

Lo referido, entre tantas, nos impone dos relaciones directas.
La primera y fundamental es la costosísima estructura  integral del
Consejo, en cualquier situación. La segunda, es, lo presupuestado, en tiempo de
crisis. Aquí la referencia inevitable que hacemos, es la siguiente. ¿Cual es la
medida de la ética de los consejeros para evaluar jueces y funcionarios?

En 2008 propusimos, en el proyecto de enmienda constitucional del actual consejo. El objetivo fue lograr una institución no demasiado numerosa, ágil y austera.
Incluimos, dentro de la facultad
de dictar su reglamento interno, la obligación del Consejo de hacerlo con
ajuste a estrictas normas de austeridad, tanto respecto a su estructura como a
todos los órdenes de su funcionamiento.

La
función de evaluación de candidatos  (más allá de su enorme importancia, y
sin desconocer las tareas colaterales necesarias), recae en definitiva en la intervención
personal e indelegable de siete personas. No creemos que resulte superfluo lo
relativo a la austeridad y eficiencia del órgano extrapoder, algo que debe traducirse en la creación de los empleos estrictamente necesarios y
justificados. El desempeño ad honorem de la función del consejero se inscribe también en
esta línea de austeridad y asegura el ingreso de personas con auténtica
vocación de servicio, excluyendo a los que ven en la función la posibilidad de
obtener una sustancial mejora económica.

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