Responder al comentario

En la columna del pasado sábado del diario Rio Negro, el periodista Jorge Gadano explica el problema para acceder a los expedientes reservados en la administración pública provincial. El se refiere al expediente sobre la compra de equipamiento del Plan Integral de Seguridad en la época en que gobernaba la provincia Jorge Sobisch. El Consejo de la Magistratura de Neuquén no es la excepción.

Los expedientes reservados existen, no sabemos cuántos son, sólo conocimos uno de ellos porque alguien se atrevió hablar de la posible inconducta del consejero Enry Rebolledo. Tal inconducta comprendía ni más ni menos que maltratos y abusos de poder hacia su personal femenino a cargo.

Digámoslo con todas las letras: se trataba de un caso de violencia de género de un consejero hacia su personal. El trámite consistió en interrogar a las víctimas para evaluar si era conveniente la admisibilidad de un proceso de remoción. La violencia se extendió a todo el cuerpo de consejeros, que delegó en su secretaria la instrucción de este sumario administrativo.

El Consejo de la Magistratura carece de normativa (¿casualidad?) para este tipo de procedimientos. La ley que rige el organismo es clara: se necesitan cinco votos sobre siete para cualquier tipo de investigación sobre la conducta de los consejeros. Esto es casi un pacto de impunidad.

En votación dividida-y no vamos a analizar aquí el contenido de los votos, tarea que reservamos a quiénes se dedican a estudiar la violencia de género- se resolvió que las inconductas no serán revisadas, ni investigadas. El prejuzgamiento a las víctimas se convirtió en sentencia. Eran culpables.

Esto es un ejemplo claro de disciplinamiento hacia el personal; que a ningún trabajador o trabajadora se le ocurra volver a protestar contra su jefe.

Ahora bien, si cuatro consejeros decidieron que había mérito para admitir la investigación del consejero, ¿Por qué no hicieron la denuncia correspondiente y dejaron que sea el Poder Judicial quien investigue si hubo comisión de delito o no?

¿Por qué los diputados de Apertura Popular, fuerza política a la que este consejero representa, han guardado un sepulcral silencio al respecto?

¿Por qué los diputados en general no se preocupan en controlar lo que sucede en el Consejo de la Magistratura?, ¿desinterés o interés?

¿Por qué el Consejo de la Magistratura sigue funcionando como si nada hubiera pasado, como si el maltrato al personal fuera algo "propio de la relación contractual", como dijo en su voto una de las consejeras?

¿Cuántos expedientes reservados ha tramitado este consejo durante estos cuatro años?

¿Cuántos temas se deciden en secreto, como fue la renovación del alquiler del edificio que a pedido de los consejeros se terminó de definir a puertas cerradas?

¿Quién controla al Consejo de la Magistratura de Neuquén?