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Mar, 09/07/2010 - 21:02
Convocatoria Neuquina reclama la autolimitación de Sapag para cubrir vacantes en el Tribunal de Cuentas
A partir de la prolongada crisis que atraviesa el principal organismo de control del Poder Ejecutivo, Convocatoria Neuquina presentó ayer una nota dirigida al gobernador Jorge Sapag para reclamarle, no sólo que solucione el conflicto que motivó su virtual parálisis, sino que frente a la urgencia por designar a sus nuevos integrantes, someta la definición a un proceso de opinión y participación análogo al que se instrumentó para cubrir las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.
En el escrito, presentado hoy por mesa de entradas de Casa de Gobierno, se expresó la "preocupación" por "la situación que atraviesa el Tribunal de Cuentas de la Provincia", en referencia a que desde hace alrededor de un año que el organismo, a partir de un reclamo laboral, prácticamente no realiza ningún tipo de seguimiento a las acciones de gobierno.
Se remarcó además que, desde que en junio pasado se sancionó una ley que definió plazos de prescripción a las investigaciones que lleve adelante el organismo, cualquier dilación, por ejemplo las derivadas por esta situación, perjudicaría su funcionamiento. "No puede soslayarse que la sanción de la ley 2706 (del 23/6/2010), ha fijado un plazo de prescripción de los procedimientos del Tribunal que, sumado a la virtual parálisis, impedirá que en muchos casos exista un control real", se indicó en el escrito.
En este marco, Convocatoria planteó al gobernador "la pronta cobertura de los cargos vacantes", a través de un sistema "transparente y participativo". La propuesta es que, si bien es potestad del Ejecutivo nombrar a los miembros con acuerdo legislativo (art. 260 de la Constitución Provincial), se aplique "un procedimiento análogo al que rige para la designación de los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, incluido el decreto 590/08 de autolimitación de atribuciones, pues contribuye a la transparencia e independencia de este importante órgano de control".
Se consideró que "la situación de crisis, fruto de un prolongado conflicto con agentes del Tribunal de Cuentas, cuya solución no se avizora aún, implica en lo hechos un gravísimo debilitamiento de este órgano de control previsto en la Constitución Provincial" y que "en las condiciones actuales, dicha institución no está en condiciones reales de controlar la inversión y el gasto público, ni el cumplimiento regular de la gestión de los funcionarios públicos a quienes deben controlar".