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Estas son algunas de las declaraciones realizadas por las dos postulantes a juezas de Cámara, titular de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, ante las preguntas formuladas por los integrantes del Consejo de la Magistratura de Neuquén, durante las entrevistas realizadas el 31 de agosto.

Los consejeros que intervinieron fueron: Graciela Martínez de Corvalán (Tribunal Superior de Justicia), Enry Rebolledo (Apertura Popular), Hugo Altamirano y Alfredo Osés (abogados), Oscar Lavaggi y Norma Lacoste (Movimiento Popular Neuquino) y Gustavo Mazieres (Partido Justicialista).

Osés y Mazieres reemplazaron a Carla Castiglioni y a Gustavo Olivera, respectivamente, quienes solicitaron ser excusados de participar del concurso, luego de rechazar la recusación presentada por Patricia Clérici, aspirante al cargo.

La entrevista personal es la última etapa concursal.

Patricia Clérici- secretaria de la defensoría del Tribunal Superior de Justicia

• Consultada acerca de cómo le explicaría a un niño, en caso de acceder a la Cámara, cuál es su función y para qué sirve, contestó: "ese cargo sirve para tratar que la gente no se pelee y que si se está peleando, se reconcilie".
• Señaló que a diferencia de un juez que es quien toma las resoluciones en última instancia, los funcionarios trabajan en "colaboración con la magistratura". Dijo que el juez pierde parte de su libertad: "un magistrado tiene que ser cuidadoso con sus opiniones públicas".
• Respecto de la facultad que le asiste al Consejo de la Magistratura de evaluar a los funcionarios y magistrados, la postulante expresó que formaba parte de la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios-cuyo presidente, Richard Trincheri, estaba presente en el público- que interpuso una acción para suspender el reglamento de evaluación y que personalmente no estaba de acuerdo con la función concedida al organismo. "La evaluación periódica contradice la garantía de inamovilidad", sostuvo. Aseguró que cada vez que un juez firma una sentencia se está sometiendo a una evaluación. Agregó que había formas de evaluar "menos invasivas".   
• En cuanto a la gestión de los recursos y la definición de un plan de trabajo para la Cámara manifestó que era necesario establecer "acuerdos" y generar "un verdadero debate" entre sus integrantes. Apuntó al retraimiento de la facultad de superintendencia de la Cámara, que consideró necesario retomar, y lo atribuyó a una posible confusión de roles con la Auditoria.
• Ante la pregunta de si la sociedad le demanda a la justicia más de lo que debería dar, respondió que sí. Lo relacionó al déficit en los otros poderes del Estado, especialmente en la atención a los problemas socioeconómicos de la población.
• Afirmó que los derechos humanos, que fueron jerarquizados en la reforma constitucional de 1994, aun no están siendo aplicados como debieran por los magistrados.
• Opinó que los juzgados de primera instancia están funcionando "con dificultades" que "son producidas por distintos elementos" como el "recambio generacional" del Poder Judicial. Dijo que había personal "técnicamente valioso", pero sin experiencia en la gestión judicial. Consideró que hay "defectos de gestión en el trámite de las causas" y que si la mesa de entradas funciona bien, funciona bien todo el juzgado, por eso debe haber allí un agente experimentado.
• Destacó como virtudes sus veinte años de carrera judicial, su capacidad reflexiva y expeditiva, su compromiso con el Poder Judicial. "He honrado todos los cargos que he ocupado", añadió.
• Se mostró a favor no sólo de recibir a los abogados de las partes, sino también a las partes para que "conozcan al juez" que va a resolver su situación. Aseguró que, en lo posible, promovería la convocatoria de audiencias conciliatorias en segunda instancia.
• Definió al servicio de justicia como aquel que presta el Estado y que resuelve las controversias que se plantean entre los habitantes. Sostuvo que estaba de acuerdo con la implementación de los fallos plenarios, e incluso de la realización de fallos plenarios provinciales.
• En relación a la objeción de conciencia y su utilización en el ámbito del derecho, manifestó que debe ser "analizada con lupa". Citó el caso de los funcionarios de los registros civiles que se niegan a celebrar los matrimonios entre personas del mismo sexo, y aclaró que en estas situaciones "no es válida la objeción de conciencia". "Uno tiene que cumplir la función", concluyó.

Isabel Van Der Walt-secretaria de la secretaría de Superintendencia

• Respecto a la admisibilidad de las apelaciones dijo que no se debe ser estricto en las formas cuando está afectado un derecho.
• Aclaró que el puesto (de jueza de Cámara Civil) no es su finalidad. "No es el fin de mis proyectos", aseguró. Manifestó que en caso de que acceda al cargo intentará hacer un aporte desde su experiencia "escuchando al justiciable" y tratando de mejorar el servicio de justicia.
• Consultada acerca del conflicto entre la protesta social y los derechos individuales (transitar, trabajar), respondió: "son problemas políticos y no jurídicos". Afirmó que los cortes de ruta se levantan cuando un operador político "transa" y no con la orden de desalojo de un juez. En el caso del derecho a la educación, señaló que sigue siendo una responsabilidad del Estado, pues una vez que se levanta la huelga comienzan los problemas de infraestructura. "Hay un descuido", agregó.
• En relación a los juicios de lesa humanidad que se desarrollan actualmente en Argentina, sostuvo "no sé si al país le hace bien remover toda esa cuestión". "Comprendo a las personas que buscan cerrar el ciclo de su dolor", expresó.
• Explicó que la gran falla del ejercicio empresario y de los organismos que tienen que controlar en materia de derecho ambiental está vinculada a los estudios de impacto ambiental. "No se debería permitir que en pos del progreso que disminuya la calidad de vida de los habitantes", opinó.
• Mencionó que el común de la gente no tiene claro cuál es la función de la justicia y que esa es una deuda del Poder Judicial. "No sabemos informar", comentó. Coincidió con Clérici en que "hay una tendencia a judicializar la problemática social".
• En cuanto al perfil del juez de Cámara, consideró que debe ser una persona "que no tenga miedo a decidir", que no le pese", "proactiva", que "tenga capacidad para gestionar grupos", "que sepa trabajar en equipo" y que "le guste laburar". La presidenta del Consejo, Graciela Martínez de Corvalán, le pidió que defina que es ser "proactivo". La postulante contestó que implicaba no "sentarse en el cargo", sino pensar "las formas de mejorar el servicio". El consejero, Gustavo Mazieres, volvió sobre este punto. Le preguntó si cuando se refería a que todo el mundo se sentaba en el cargo estaba haciendo un diagnóstico. Ella respondió que sí. Y añadió que la jurisprudencia de Buenos Aires estaba copiada y pegada en los fallos de la Cámara.
• Dijo que los medios de comunicación condicionan el desempeño de un juez que tiene que tener templanza para que esas presiones no lo afecten.
• Ante la pregunta sobre si es correcto sancionar a una persona por tenencia de droga para consumo personal, aludió al artículo 19 de la Constitución nacional que establece que las acciones privadas que no afecten a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados. Indicó que una persona adulta que decide consumir en su domicilio no debería ser sancionada, aunque se manifestó en contra de despenalizar el consumo. "El problema es dónde la compra la droga", completó.
• Caracterizó al juez como "un ciudadano más" que "va a comprar al supermercado", que "vive en contacto con la gente", que cumple su trabajo con "responsabilidad y compromiso".
• Señaló que advertía el reconocimiento de la doctrina sobre derechos humanos especialmente en los fallos de primera instancia.