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Durante la reunión plenaria del 8 de junio, los consejeros se pronunciaron sobre el pedido de informes realizado por Convocatoria Neuquina, la única organización ciudadana que concurre al Consejo de la Magistratura.

El representante del bloque Partido Justicialista, Gustavo Olivera, propuso que se incluyera en la respuesta a la solicitud, un párrafo que mencionara que la organización había tenido acceso irrestricto a la información, a todas las instalaciones del Consejo- "incluida la cocina"- y un trato personal con los empleados. Criticó los posicionamientos de Convocatoria sobre el funcionamiento del organismo. "Socavan las instituciones por el hecho de socavarlas", afirmó.

La presidenta del Consejo, Graciela Martínez de Corvalan (Tribunal Superior de Justicia) rechazó las apreciaciones de Olivera. Estimó que la solicitud no tenía una connotación política, sino que era un pedido de información conforme al ejercicio del derecho a acceder a la información pública. Acordó incorporar un párrafo que aludiera a que los datos del Consejo eran de dominio público y estaban a disposición.

El consejero Hugo Altamirano (abogados) planteó que la respuesta debía incluir que la organización había tenido acceso irrestricto a la información, desde el nacimiento del Consejo. Destacó que se habían hecho los máximos esfuerzos para instar a los sectores a la participación. Por su parte, la consejera Carla Castiglioni (abogados), adhirió a la moción de Altamirano.

El representante por el bloque Apertura Popular, Enry Rebolledo, dijo que se sentía identificado con las opiniones de Olivera, pero que acordaba con la respuesta que estaba siendo analizada en sesión y con la incorporación sugerida por Altamirano. Hizo hincapié en que esperaba que se le diera "un buen uso" a la información brindada. El representante del Movimiento Popular Neuquino, Oscar Lavaggi, también acordó con el texto de la contestación y agregó que iba a pasar un tiempo hasta que se reconociera el trabajo del Consejo. Su par, Norma Lacoste, no realizó consideraciones al respecto.

Los consejeros demostraron cierta molestia ante un pedido de información que debiera estar publicada en la página web del organismo. El acceso al edificio donde funciona el Consejo no implica ni transparencia en los procesos, ni amplia publicidad de los actos de los funcionarios públicos.

En el año 2007 y bajo la presidencia del Jorge Sommariva, la organización debió recurrir a un amparo judicial para que los expedientes de los concursos sean públicos. En lo que va del año 2010, durante la gestión de Graciela Martínez de Corvalán, se han contestado los requerimientos de la organización y se han publicado las actas, resoluciones y acordadas del cuerpo, además de los cambios de horario de las reuniones extraordinarias.